El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ante la Cámara de Diputados una controvertida reforma al Poder Judicial, la cual propone que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean electos por voto popular.
La propuesta incluye también la reducción del número de años en el cargo para magistrados y jueces, así como la creación de un nuevo órgano autónomo de vigilancia judicial. Según el mandatario, estas reformas buscan «acabar con el elitismo, la corrupción y el amiguismo» dentro del sistema judicial mexicano.
El anuncio ha generado una ola de reacciones tanto a favor como en contra. Morena, el partido oficialista, respaldó totalmente la iniciativa, mientras que la oposición —incluyendo PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— ha manifestado su rechazo, argumentando que esta medida pone en riesgo la independencia judicial y abre la puerta a la politización de la justicia.
Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch han expresado preocupación por la propuesta, señalando que la elección popular de jueces podría vulnerar los estándares internacionales de imparcialidad judicial.
En redes sociales y medios de comunicación, el debate se ha intensificado. Algunos sectores ciudadanos aplauden la idea de elegir directamente a los ministros de la Corte, mientras otros temen que esto derive en una concentración excesiva de poder por parte del Ejecutivo.
La iniciativa será discutida en comisiones durante las próximas semanas. De ser aprobada, el cambio representaría una de las transformaciones institucionales más profundas en la historia del país desde la reforma judicial de 1994.
